La coyuntura crítica del 8 de agosto: Espada de doble filo para el gobierno y el movimiento social

Por Felipe Enero Segovia

Estudiante de Lic. En Estudios Internacionales

Grupo de Estudios Políticos 

Centro de Estudios Enzo Faletto

Universidad de Santiago de Chile

"El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos"

Antonio Gramsci

El 8 de agosto se ha constituido en una nueva coyuntura crítica de la historia reciente de Chile  debido a los efectos políticos desencadenados por la movilización convocada  por los estudiantes secundarios. El gobierno se ha alzado como el triunfador parcial de la jornada, pero a la vez ha abierto una ventana de oportunidades a los actores sociales y la heterogénea oposición para adoptar forzadamente necesarias definiciones políticas. Los siguientes días y lo que resta de año  serán trascendentales para superar la derrota coyuntural, definir los próximos torneos electorales, o en su defecto, caer en la estrategia neopopulista conservadora que gradualmente adquiere más adeptos.

Los hechos que anteceden a esta coyuntura se enmarcan en un contexto de compleja crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto; una intransigencia gubernamental para realizar concesiones mínimas (como hacer cumplir la ley respecto al lucro) que satisfagan los anhelos de los estudiantes y la ciudadanía en materia educacional junto con una manifiesta política de criminalización de la protesta social; y un claro desgaste del movimiento estudiantil y diversas organizaciones sociales debido a los costes acarreados por las arduas formas en que se dio la movilización del año 2011,  los agudos antagonismos por la conducción estratégica del movimiento social, y la tradicional desescalada conflictual que antecede a los procesos electorales en nuestro país.

En este álgido miércoles 8 de agosto se desarrolló una tensa agenda con tres hitos estrechamente interrelacionados: la movilización convocada principalmente por la ACES, la discusión sobre la Ley “Hinzpeter”, y la aprobación de la “Reforma” Tributaria. El gobierno con bastante claridad desde el punto de vista de sus intereses de clase ha definido hace bastante tiempo una política de criminalización de la protesta social para así moderar a la opinión pública/electorado y deslegitimar al movimiento estudiantil como actor de veto y potencial decidor de las contiendas electorales. Esta política se ha hecho patente el 8 de agosto gracias a la convocatoria hecha por el eslabón más débil del movimiento estudiantil, la ACES (organización de estudiantes secundarios bajo la conducción de una heterogénea red de liderazgos y tribus de la izquierda radical) y la nula respuesta que dieron los efectivos policiales a las inusitadas  acciones de violencia. Incluso ya circulan pruebas en las redes sociales de supuestos montajes por parte de la fuerza policial.

Tras la primera fase de la jornada, el gobierno logró convencer al centrista PRI y a sectores conservadores de la concertación para constituir una mayoría parlamentaria parcial en virtud de aprobar en primera instancia la nacional e internacionalmente cuestionada “Ley Hinzpeter”, y la “reforma” tributaria, hechos que pese a su relevancia para el desarrollo democrático, social y económico del país han pasado prácticamente desapercibidos por el oligopolio comunicacional y la opinión pública.

Por un lado, mediante la legitimación del uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros, la aplicación de severas penas a los detenidos en disturbios, y la transformación del debate ciudadano (y sobre todo estudiantil) desde la esfera educacional a la esfera de la “resistencia” que infundirá la “Ley Hinzpeter” el gobierno espera favorecerse de una considerable reducción en la masividad de las protestas ciudadanas y por consiguiente, de una progresiva moderación del electorado y la oposición. Por otro lado, mediante la “reforma” tributaria el gobierno podrá entregar más subsidios a sectores estudiantiles generalmente despolitizados como aquellos que estudian en establecimientos privados, esperando así aumentar su alicaída aprobación en los sectores populares.

Este complejo escenario trae consigo serios desafíos para el movimiento social que hoy levanta las consignas de un Chile más justo y democrático. Los desafíos a emprender se pueden resumir en tres ejes:

1. Recuperar transversalidad: Para ello resulta de vital importancia el desplazamiento de los liderazgos corporativistas y desgastados que conducen la CUT, así como de las tribus políticas gremialistas, maximalistas y sectarias que conducen buena parte de las actuales Federaciones Estudiantiles. En cuanto al movimiento poblacional, la ligazón con este sector depende del re-establecimiento de relaciones con las bases de los partidos tradicionales de la centro-izquierda. 

2. Recuperar aprobación ciudadana: El movimiento social debe definir cuanto antes una estrategia política sólida, realista y notoriamente pacífica que re-encante a las amplias mayorías. La realización del Congreso CONFECH y la Cumbre Social como hitos históricos de gran masividad y unidad resultan fundamentales.

3. Establecer estrategia electoral: El movimiento social deberá adoptar una postura clara respecto a las elecciones 2012 y 2013. Un contragolpe contundente sería convocar a votar a los cerca de 5 millones de nuevos inscritos en contra del conglomerado oficialista. En cuanto a las presidenciales y parlamentarias 2013, tal como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, la génesis de una plataforma política-social unitaria, aunque tenga mero carácter instrumental y cortoplacista en virtud de impulsar un proceso constituyente en Chile hoy adquiere una preponderancia decisiva para doblegar a las estrategias neopopulitas tecnocráticas y conservadoras que cada día toman más fuerza (véase Parisi, Velasco, y Golborne).